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La tasa sobre emisiones de carbono en el camino de vuelta a la economía del bienestar
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Con la creación de un impuesto para todo lo que contamine se quiere incitar al ciudadano a preservar el medio ambiente y en particular la atmósfera, que está en grave peligro. La idea es de sancionar la energía contaminante del transporte, el hábitat y el consumo personal. Cierto es que cada vez consumimos menos carburante, pero esto no es suficiente para alcanzar los objetivos fijados en la última conferencia sobre cambio climático. De ahí la idea de obligar a pagar un impuesto (por cada tonelada de energía fósil que se emita) con el fin de que el mundo disminuya a la mitad las emisiones de gas con efecto de invernadero (de aquí a 2050) para limitar en 2 grados el calentamiento de la Tierra, causante del cambio climático.
El calentamiento global debido a los gases de efecto invernadero por la combustión del dióxido de carbono representa 49.000 millones de TN de Co2 cuya emisión ha de ser sancionable. Sus efectos podrían conducir a un aumento global de 3% de la temperatura dentro de 100 años aproximadamente. El coste del recalentamiento se estima en unos 5.500.000 millones de euros (Nicholas Stern) [1]. Mientras que el concepto de una tasa sobre las emisiones de CO2 viene de Arthur Pigou (Economics of Welfare) [2] quien el primero, en 1920, estableció aquello de que el que contamina, paga.
Ahora bien…
- ¿la tasa ha de gravar el producto o la energía consumida?
- ¿como gravar los productos importados?
- ¿como evitar los riesgos de desigualdad?
- ¿qué hacer con los ingresos de la tasa?
Las soluciones adoptadas por cada país son diferentes.
Francia, con unos 50.000 millones de euros de fiscalidad ambiental en el bote, acusa un cierto retraso. La estructura misma de esa fiscalidad medioambiental francesa es tan disparatada por el hincapié voluntarista que la impregna que no engendra beneficios -en el sentido de contribución neta o ingresos – sino solo impuestos sobre el agua, sobre las basuras, sobre el consumo de hidrocarburos (TIPP), que no se revierten en mejoras de ningún tipo (infraestructuras, responsabilización ciudadana) sino que es el enésimo parche gubernamental para ir tapando, como pueden, el fenomenal agujero del déficit publico. La pedagogía se confunde con una verborrea demagógica y fatalista que confunde al hombre de la calle porque ignora las virtudes del consenso que, en todos los países del entorno tiene su origen en el debate parlamentario -que es donde calienta motores la soberanía popular y en donde debería decidirse tal fiscalidad, y no en los salones del palacio presidencial como ocurre en la república gala – son cosas de esta santa república francesa que, aunque chochea sigue negándose a cambiar de piel. Esas tasas representan un 3% del PIB… tiradas a la basura. A menos de considerar a Francia como el país más limpio de Europa, gracias a su desmesurado programa nuclear -que convierte, al contrario, a ese país en el menos seguro por el obvio peligro potencial de incidentes nucleares que su parque de centrales puede suponer y en cuanto a cantidad de desechos radioactivos respecta -el más elevado por habitante del planeta. La demagogia continua, la huida hacia adelante, también. El único punto positivo es la hidroelectricidad, que genera el 93 % de los recursos energéticos… con el inconveniente agravado de venir impulsado por la ‘pila’ nuclear. ¿A quién vamos a engañar? Si la disminución de emisiones de CO2 ha de conllevar el desarrollo galopante de la bestia nuclear, entonces ¿a donde vamos? Desnudamos a un santo para vestir a otro.
Además la tasa sobre emisiones de CO2 en un país no tiene realidad cuantificable ni impacto sobre las emisiones de CO2 a nivel planetario. Se necesitan políticas globales para internalizar los costes ambientales y actuar sobre el comportamiento de empresas y hogares. Ese es el principio más sano. Francia se equivoca en la manera de llevarlo a cabo: confusión sobre el alcance de la tasa misma (se pasa alegremente de 20, a 32, para subir a 100 euros/TN emitida hacia el 2030, para luego quedar en ¿quién puede decir si es 14 ó 100 p.ej.?), sobre las exoneraciones, sobre su utilización. El incremento del coste de la vida está servido: se estima en 10% el sobrecoste de calefacción en los hogares franceses para 2010, de 5 a 10 cts. para el litro de combustible en el surtidor ahora mismo. Otra consecuencia es que se arruinará lo que queda de industria local (la hemorragia actual es la mayor jamás vista en Francia), sólo se librarán los de siempre: unos cuantos (grandes) grupos que se pueden permitir asumir tales sobrecostes en medio de un desierto industrial. ¿Quién va a invertir en un país que anuncia que va a gravar con 100 euros cada TN de CO2 emitida? Como con la famosa ley de 35h, no se ha llevado a cabo ningún estudio o reflexión para ponerla en práctica en vez de intentar coordinarse con el resto de países del entorno europeo. El diablo está en los detalles, dicen los franceses…
Se habla de compensaciones, pero ¿qué hay de la desigualdad entre consumidores? ¿Qué hacer con los 8.000 millones que se supone el estado va ingresar por el concepto (pasarán a engordar las arcas del ministerio de hacienda, p.ej.)?
Pedagogía sueca contra demagogia francesa
Otros países como Suecia también han establecido una tasa, más cuantiosa aún si cabe, pero con un modus operandi muy diferente: p.ej. el impuesto sueco implica una escala degresiva para las empresas que más inviertan en innovación tecnológica para mejorar los procesos productivos en materia de emisiones de CO2 -esto sí que es pedagogía. Es mal momento en términos de coyuntura de crisis económica pero la medida es creíble en Suecia y demagógica en Francia en donde el impuesto no se sabe si será redistribuido o se convertirá en el enésimo impuesto ‘neutro’, lo cual está bastante alejado de la incitación pigouviana de la que el primer ministro Fillon se declara partidario.
Porque según el principio de que el impuesto sobre la vaca no es la vaca quien lo paga, el impuesto sobre emisiones de CO2, no es el que consume CO2 quien paga: la política de medio ambiente no se puede resumir a elevar el nivel impositivo o a implementar nuevos impuestos, a menos de volver a las andadas e incrementar el desempleo y la deuda pública. Un año es el impuesto bonus/malus sobre los coches (que ha arruinado a buena parte de la industria del automóvil, con una caída de 40% de la producción francesa, obligando a los constructores a abandonar la provechosa fabricación de berlinas para dedicarse a la de coches pequeños sobre los que el margen de beneficio es nulo o casi nulo), otro año un impuesto sobre los pañales de los recién nacidos, este año uno sobre emisiones de CO2… una tomadura de pelo (o mejor aún, una política miope).
La tentación de gravar los súper beneficios de la industria petrolífera (Ségolène Royal) no tendría más que repercusiones negativas en el bolsillo de los más expuestos (es decir el consumidor). Mejor un impuesto que cambie los comportamientos y no que pase a engordar simplemente las arcas del Estado y su tren de vida. Informar y comunicar bien al ciudadano sin ansias de querer cambiar todo de un plumazo y a base de decretos.
Se necesitan reformas en la fiscalidad de todos nuestros países, fiscalidad incitativa y no subvenciones a industrias para que fabriquen coches de tal tipo -que de todos modos habrían fabricado. Seamos honestos: el impuesto ecológico es justo y necesario, pero que nos ayude a salir de la crisis permanente del capitalismo virtual y rampante, alejado de la economía real. Nada de aranceles ecológicos en las fronteras europeas, tendencia defendida por algunos, en su afán por llevarnos hacia un nuevo proteccionismo; más bien orientarse hacia políticas globales, como mínimo europeas, mejor a nivel global. Es inútil establecer políticas nacionales sin concertarse con el resto, lo que daría lugar a políticas proteccionistas más o menos latentes: ahí está el comercio mundial con una caída del 12%, si se quiere añadir más crisis a la crisis añadamos pues la perversión del proteccionismo a todas las dificultades que hoy encaramos. El medio ambiente es un bien público planetario. Bien es cierto que no sabemos todavía como afrontar externalidades cada día mayores, como la que constituye el reto de que cuando China o Brasil contaminan, no lo hacen únicamente en sus respectivos territorios sino a nivel planetario: pero imponer aranceles es teóricamente un edificio bonito, en la practica es una regresión proteccionista pura y dura. Además que no hay que olvidar que la crítica contra China es injusta: la RPC está realizando verdaderos esfuerzos para disminuir drásticamente la contaminación de sus industrias -lo que todavía no ocurre en todos nuestros países.
Una de las mayores incógnitas es la de saber cual será la actitud de Estados Unidos. Hasta el momento consideraron que el protocolo de Kyoto carecía de interés, la posición está cambiando pero todo depende del tipo de cambios que ocurrirán en ese país. Los escenarios son a mi entender: el papel del G20, el relanzamiento de la ronda (OMC) de Doha y la cita climática de Copenhague. Los tres giran alrededor de la misma inquietud: la necesidad de una gobernanza económica mundial para responder a tales desafíos.
Pedagogía inexistente en EEUU Y Reino Unido
Queda pendiente la talla cada vez mayor de los flujos de capital especulativo, que es hoy mayor que hace un año, en el peor momento de la crisis financiero-hipotecaria. El capital especulativo se arroja sobre las economías emergentes en cuanto aparecen los primeros síntomas de alivio. Y el banco central de la RP China se ve cada día más abocado a comprar enormes reservas de cambio para sostener a un enfermo dólar (de este modo unos 70.000 millones de dólares mensuales, se escapan del circuito de inversiones productivas con el fin de impedir que la divisa estadounidense se desplome de nuevo), desviándolas precisamente de inversiones en su economía productiva. Es decir que en lo esencial, no hemos alterado los desequilibrios mundiales, e incluso son algo mayores que los anteriores a la crisis. El problema de bonos y primas a ejecutivos es menor que el de el necesario desmantelamiento de la opacidad en la banca de inversión -lo que será imposible en la más importante plaza financiera europea, la City londinense, ya que el futuro primerministrable Cameron se opone a ello; en cuanto a EEUU, es por el momento inimaginable. Por el momento los mejores indicadores de la City y de NY – las colas ante los mejores restaurantes – se portan bien pues las reservas de mesa varían entre 2 y 3 meses… bonos, primas, coches de lujo, contratos estratosféricos están de nuevo a la vuelta de la esquina. Para broche un botón: los flujos intercambiarios en los mercados de derivados alcanzan un record de vértigo: casi 10 veces el PIB mundial. Entonces, ¿cómo puede David controlar a Goliat?
Continuará…
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[1] El Informe Stern sobre la economía del cambio climático (Stern Review on the Economics of Climate Change) es un informe sobre el impacto del cambio climático y el calentamiento global sobre la economía mundial. Redactado por el economista Sir Nicholas Stern por encargo del gobierno del Reino Unido fue publicado en octubre de 2006. El informe supone un hito histórico al ser el primer informe encargado por un gobierno a un economista en lugar de a un climatólogo.
[2] Arthur Pigou es considerado el fundador de la Economía del Bienestar y principal precursor del movimiento ecologista al establecer la distinción entre costes marginales privados y sociales y abogar por la intervención del estado mediante subsidios e impuestos para corregir los fallos del mercado e internalizar las externalidades. Welfare Economics es su obra más emblemática.
El calentamiento global debido a los gases de efecto invernadero por la combustión del dióxido de carbono representa 49.000 millones de TN de Co2 cuya emisión ha de ser sancionable. Sus efectos podrían conducir a un aumento global de 3% de la temperatura dentro de 100 años aproximadamente. El coste del recalentamiento se estima en unos 5.500.000 millones de euros (Nicholas Stern) [1]. Mientras que el concepto de una tasa sobre las emisiones de CO2 viene de Arthur Pigou (Economics of Welfare) [2] quien el primero, en 1920, estableció aquello de que el que contamina, paga.
Ahora bien…
¿la tasa ha de gravar el producto o la energía consumida?
¿como gravar los productos importados?
¿como evitar los riesgos de desigualdad?
¿qué hacer con los ingresos de la tasa?
Las soluciones adoptadas por cada país son diferentes.
Francia, con unos 50.000 millones de euros de fiscalidad ambiental en el bote, acusa un cierto retraso. La estructura misma de esa fiscalidad medioambiental francesa es tan disparatada por el hincapié voluntarista que la impregna que no engendra beneficios -en el sentido de contribución neta o ingresos – sino solo impuestos sobre el agua, sobre las basuras, sobre el consumo de hidrocarburos (TIPP), que no se revierten en mejoras de ningún tipo (infraestructuras, responsabilización ciudadana) sino que es el enésimo parche gubernamental para ir tapando, como pueden, el fenomenal agujero del déficit publico. La pedagogía se confunde con una verborrea demagógica y fatalista que confunde al hombre de la calle porque ignora las virtudes del consenso que, en todos los países del entorno tiene su origen en el debate parlamentario -que es donde calienta motores la soberanía popular y en donde debería decidirse tal fiscalidad, y no en los salones del palacio presidencial como ocurre en la república gala. Otro síntoma del estilo de esta V repùblica bonapartista gala que se niega a cambiar de piel. Esas tasas representan un 3% del PIB… tiradas a la basura. A menos de considerar a Francia como el país más limpio de Europa, gracias a su desmesurado programa nuclear -que convierte, al contrario, a ese país en el menos seguro por el obvio peligro potencial de incidentes nucleares que su parque de centrales puede suponer y en cuanto a cantidad de desechos radioactivos respecta -el más elevado por habitante del planeta. La demagogia continua, la huida hacia adelante, también. El único punto positivo es la hidroelectricidad, que genera el 93 % de los recursos energéticos… con el inconveniente agravado de venir impulsado por la ‘pila’ nuclear. ¿A quién vamos a engañar? Si la disminución de emisiones de CO2 ha de conllevar el desarrollo galopante de la bestia nuclear, entonces ¿a donde vamos? Desnudamos a un santo para vestir a otro.
Además la tasa sobre emisiones de CO2 en un país no tiene realidad cuantificable ni impacto sobre las emisiones de CO2 a nivel planetario. Se necesitan políticas globales para internalizar los costes ambientales y actuar sobre el comportamiento de empresas y hogares. Ese es el principio más sano. Francia se equivoca en la manera de llevarlo a cabo: confusión sobre el alcance de la tasa misma (se pasa alegremente de 20, a 32, para subir a 100 euros/TN emitida hacia el 2030, para luego quedar en ¿quién puede decir si es 14 ó 100 p.ej.?), sobre las exoneraciones, sobre su utilización. El incremento del coste de la vida está servido: se estima en 10% el sobrecoste de calefacción en los hogares franceses para 2010, de 5 a 10 cts. para el litro de combustible en el surtidor ahora mismo. Otra consecuencia es que se arruinará lo que queda de industria local (la hemorragia actual es la mayor jamás vista en Francia), sólo se librarán los de siempre: unos cuantos (grandes) grupos que se pueden permitir asumir tales sobrecostes en medio de un desierto industrial. ¿Quién va a invertir en un país que anuncia que va a gravar con 100 euros cada TN de CO2 emitida? Como con la famosa ley de 35h, no se ha llevado a cabo ningún estudio o reflexión para ponerla en práctica en vez de intentar coordinarse con el resto de países del entorno europeo. El diablo está en los detalles, dicen los franceses…
Se habla de compensaciones, pero ¿qué hay de la desigualdad entre consumidores? ¿Qué hacer con los 8.000 millones que se supone el estado va ingresar por el concepto (engordar las arcas del ministerio de hacienda, p.ej.)?
Pedagogía sueca contra demagogia francesa
Otros países como Suecia también han establecido una tasa, más cuantiosa aún si cabe, pero con un modus operandi muy diferente: p.ej. el impuesto sueco implica una escala degresiva para las empresas que más inviertan en innovación tecnológica para mejorar los procesos productivos en materia de emisiones de CO2 -esto sí que es pedagogía. Es mal momento en términos de coyuntura de crisis económica pero la medida es creíble en Suecia y demagógica en Francia en donde el impuesto no se sabe si será redistribuido o se convertirá en el enésimo impuesto ‘neutro’, lo cual está bastante alejado de la incitación pigouviana de la que el primer ministro Fillon se declara partidario.
Porque según el principio de que el impuesto sobre la vaca no es la vaca quien lo paga, el impuesto sobre emisiones de CO2, no es el que consume CO2 quien paga: la política de medio ambiente no se puede resumir a elevar el nivel impositivo o a implementar nuevos impuestos, a menos de volver a las andadas e incrementar el desempleo y la deuda pública. Un año es el impuesto bonus/malus sobre los coches (que ha arruinado a buena parte de la industria del automóvil, con una caída de 40% de la producción francesa, obligando a los constructores a abandonar la provechosa fabricación de berlinas para dedicarse a la de coches pequeños sobre los que el margen de beneficio es nulo o casi nulo), otro año un impuesto sobre los pañales de los recién nacidos, este año uno sobre emisiones de CO2… una tomadura de pelo (o mejor aún, una política miope).
La tentación de gravar los súper beneficios de la industria petrolífera (Ségolène Royal) no tendría más que repercusiones negativas en el bolsillo de los más expuestos (es decir el consumidor). Mejor un impuesto que cambie los comportamientos y no que pase a engordar simplemente las arcas del Estado y su tren de vida. Informar y comunicar bien al ciudadano sin ansias de querer cambiar todo de un plumazo y a base de decretos.
Se necesitan reformas en la fiscalidad de todos nuestros países, fiscalidad incitativa y no subvenciones a industrias para que fabriquen coches de tal tipo -que de todos modos habrían fabricado. Seamos honestos: el impuesto ecológico es justo y necesario, pero que nos ayude a salir de la crisis permanente del capitalismo virtual y rampante, alejado de la economía real. Nada de aranceles ecológicos en las fronteras europeas, tendencia defendida por algunos, en su afán por llevarnos hacia un nuevo proteccionismo; más bien orientarse hacia políticas globales, como mínimo europeas, mejor a nivel global. Es inútil establecer políticas nacionales sin concertarse con el resto, lo que daría lugar a políticas proteccionistas más o menos latentes: ahí está el comercio mundial con una caída del 12%, si se quiere añadir más crisis a la crisis añadamos pues la perversión del proteccionismo a todas las dificultades que hoy encaramos. El medio ambiente es un bien público planetario. Bien es cierto que no sabemos todavía como afrontar externalidades cada día mayores, como la que constituye el reto de que cuando China o Brasil contaminan, no lo hacen únicamente en sus respectivos territorios sino a nivel planetario: pero imponer aranceles es teóricamente un edificio bonito, en la practica es una regresión proteccionista pura y dura. Además que no hay que olvidar que la crítica contra China es injusta: la RPC está realizando verdaderos esfuerzos para disminuir drásticamente la contaminación de sus industrias -lo que todavía no ocurre en todos nuestros países.
Una de las mayores incógnitas es la de saber cual será la actitud de Estados Unidos. Hasta el momento consideraron que el protocolo de Kyoto carecía de interés, la posición está cambiando pero todo depende del tipo de cambios que ocurrirán en ese país. Los escenarios son a mi entender: el papel del G20, el relanzamiento de la ronda (OMC) de Doha y la cita climática de Copenhague. Los tres giran alrededor de la misma inquietud: la necesidad de una gobernanza económica mundial para responder a tales desafíos.
Pedagogía inexistente en EEUU Y Reino Unido
Queda pendiente la talla cada vez mayor de los flujos de capital especulativo, que es hoy mayor que hace un año, en el peor momento de la crisis financiero-hipotecaria. El capital especulativo se arroja sobre las economías emergentes en cuanto aparecen los primeros síntomas de alivio. Y el banco central de la RP China se ve cada día más abocado a comprar enormes reservas de cambio para sostener a un enfermo dólar (de este modo unos 70.000 millones de dólares mensuales, se escapan del circuito de inversiones productivas con el fin de impedir que la divisa estadounidense se desplome de nuevo), desviándolas precisamente de inversiones en su economía productiva. Es decir que en lo esencial, no hemos alterado los desequilibrios mundiales, e incluso son algo mayores que los anteriores a la crisis. El problema de bonos y primas a ejecutivos es menor que el de el necesario desmantelamiento de la opacidad en la banca de inversión -lo que será imposible en la más importante plaza financiera europea, la City londinense, ya que el futuro primerministrable Cameron se opone a ello; en cuanto a EEUU, es por el momento inimaginable. Por el momento los mejores indicadores de la City y de NY – las colas ante los mejores restaurantes – se portan bien pues las reservas de mesa varían entre 2 y 3 meses… bonos, primas, coches de lujo, contratos estratosféricos están de nuevo a la vuelta de la esquina. Para broche un botón: los flujos intercambiarios en los mercados de derivados alcanzan un record de vértigo: casi 10 veces el PIB mundial. Entonces, ¿cómo puede David controlar a Goliat?
Continuará…
[1] El Informe Stern sobre la economía del cambio climático (Stern Review on the Economics of Climate Change) es un informe sobre el impacto del cambio climático y el calentamiento global sobre la economía mundial. Redactado por el economista Sir Nicholas Stern por encargo del gobierno del Reino Unido fue publicado en octubre de 2006. El informe supone un hito histórico al ser el primer informe encargado por un gobierno a un economista en lugar de a un climatólogo.
[2] Arthur Pigou es considerado el fundador de la Economía del Bienestar y principal precursor del movimiento ecologista al establecer la distinción entre costes marginales privados y sociales y abogar por la intervención del estado mediante subsidios e impuestos para corregir los fallos del mercado e internalizar las externalidades. Welfare Economics es su obra más emblemática.
